No, de ninguna manera, no es un disparate como calificaron ex funcionarios y actuales funcionarios a las reacciones frente a la sanción de la Ley Antiterrorista, sancionada en la madrugada del jueves pasado. Es un tema muy grave, que hubiera requerido un debate en profundidad. Porque Terrorismo es un tema de inaudita vaguedad, cuestionado internacionalmente, que sirve para cualquier propósito o intencionalidad política.

La Ley se conoció sin ningún tipo de imprescindibles polémicas y análisis en profundidad que la Argentina viene desconociendo, tal vez por darle la espalda a elementales conceptos democráticos. Asusta que después de un año de escasísima producción, el Parlamento aprobara con una rapidez inusitada un paquete de leyes consideradas “Express”, entre las que se incluye la Antiterrorista. Y es así porque muchos lo hicieron, como consideró un legislador, “como ofrenda a la Presidenta”, que las había pedido.

Hubo naturales y expresivas reacciones desde distintos sectores. De políticos, de Centros de Derechos Humanos, de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, de entidades empresarias, de distintos expertos, del Juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni, de FOPEA (Foro del Periodismo Argentino ). Y del vasto conjunto de comunicadores después que José Sbatella, titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) considerara que titulares y notas periodísticas podrían incluírse en el delito que se lanza. Sin olvidar que la norma puede servir también para criminalizar la protesta social.

El pretexto del nacimiento de esta Ley es un pedido del Grupo de Acción Financiera (GAFI), un foro intergubernamental que viene solicitando esquemas punitivos para el blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico o de organizaciones terroristas. El GAFI estaba calificando desde hace años a la Argentina como “país no confiable para las inversiones”. Sin duda que el origen de esta teórica “red de protección” está en el atentado a las Torres Gemelas y otras acciones de extrema violencia en el mundo. Argentina no quedó aislada en la presión del GAFI porque Paraguay puso en vigencia, en junio del 2010, su propia Ley Antiterrorista con penas de hasta 30 años de prisión. Otra nación vecina, Chile, tiene su Ley Antiterrorista que fue sancionada por el gobierno militar de Augusto Pinochet para aplicarla contra combatientes adversarios y contra los comuneros indios mapuches.

Sin embargo, el juez Zaffaroni consideró públicamente al GAFI como “un organismo de segunda categoría” que se atribuye derechos mayores que las Naciones Unidas. Agregó que la Ley Antiterrorista , sobra, porque todos los delitos que pretendería abarcar están incluidos ya en el Código Penal.

El dilema crucial de esta Ley es qué significa para los que la elaboraron y aprobaron “terrorismo”, un término sin especificidad, indefinible, en torno al cual las mismas instituciones internacionales no se han podido poner de acuerdo. A fines del primer trimestre de este año, cuando se presentó el proyecto de Ley en el Parlamento, la Asociación de Abogados de Buenos Aires consideró que “conforme a principios elementales de derecho penal universalmente aceptados, es inadmisible la creación de un tipo penal sobre la base de un verbo polisémico, aterrorizar”. Se aplica “polisémico” a una palabra que tiene varios significados.

Un terreno peligroso, por lo impreciso. Recordó esta Asociación, que la Corte Suprema negó un “estatuto especial” al término “terrorismo”, teniendo en cuenta que el Código Penal prevé y reprime delitos contra la vida, abuso de armas, delitos contra la libertad individual, extorsión, daños, atentados contra la seguridad pública y el orden público. Lo único que no forma parte es el delito de genocidio, que habría que incorporar en una imprescindible reforma del Código Penal.

FOPEA reaccionó con dureza frente a las leyes Express en tanto se consideró una sumatoria de acosos. Pidió recaudos para que la producción y abastecimiento de papel para diario y la norma ‘antiterrorista‘ se realice con criterios que beneficien a la sociedad en su conjunto y no sobre la base de intereses particulares.
La acepción “terrorismo”, “terrorista”, ha dado pie en el Siglo XX a grandes injusticias y fue usado en medio del furor de la Segunda Guerra Mundial y en renovados conflictos. La historia argentina carga con leyes de excepción que no frenaron ninguno de los actos terroristas que impactaron en el país. Y sólo fueron útiles para la represión social y política.

Fuente: http://www.cronista.com/contenidos/2011/12/29/noticia_0008.html