Aunque pertenece en pleno derecho a una de las familias democráticas,
el peronismo no es republicano ni pretende serlo. Es cosa sabida, pero
uno no deja de sorprenderse. "Las leyes se hacen para ser violadas",
me contestó hace un par de años un colega kirchnerista, ante un
señalamiento mío sobre la importancia de las leyes y las normas. Lo
curioso en este caso fue el lugar: el recinto de la Cámara de
Diputados de la Nación, en un coloquio convocado por sus autoridades,
para ilustración de los legisladores. Mi colega no es un ignorante ni
mucho menos: tiene su grado, su posgrado y su experiencia
universitaria. Pero expresó un sentido común antirrepublicano y
antiliberal que es muy fuerte en la Argentina.
La Constitución de 1853 consagró, junto con las libertades básicas, la
forma republicana de gobierno. El núcleo del régimen republicano se
halla en la división de poderes, y se fundamenta en la soberanía de la
ley, verdadera Arca de la Alianza de nuestro contrato político. La
Constitución fija una meta y un ideal, al que el país se aproximó
razonablemente en la segunda mitad del siglo XIX. Restémosle el
ejercicio de fuerza que un Estado apenas en gestación hizo para
consolidarse y afirmar su monopolio de la violencia. Restémosle,
quizá, la cuota de presidencialismo que desde Roca se agregó a un
régimen que ya era presidencial. Fuera de eso, el saldo sigue siendo
favorable: el régimen resultante fue republicano.
Del lado de la democracia había muchas más deficiencias. La
participación electoral no era amplia -tampoco inexistente- y los
gobiernos manipulaban abiertamente los resultados electorales. La Ley
Sáenz Peña cambió mucho las cosas, al establecer el sufragio secreto y
obligatorio y el padrón militar. Todos los argentinos varones y
adultos se hicieron ciudadanos y la manipulación de los resultados se
redujo mucho. Pero el aluvión ciudadano y las nuevas prácticas
políticas pusieron en tensión el régimen republicano y lo hicieron
chirriar. Por entonces era algo común en el mundo. En la primera
posguerra nuevos movimientos políticos concentraron su artillería en
el parlamentarismo, que sobrevivió en pocos lugares. Como lo había
diagnosticado Tocqueville, la democracia puede llevarse mal con la
libertad y la república.
Algo de eso se vio en el gobierno de Yrigoyen. Pese a provenir de un
partido que hacía de la Constitución su programa, el primer presidente
auténticamente democrático estaba imbuido de una convicción
regeneracionista que lo llevaba a maltratar un poco las instituciones
existentes. Yrigoyen "ninguneó" al Congreso de manera ostensible. Hizo
leer por un secretario los discursos presidenciales anuales. Decretó
intervenciones federales hasta un día antes o un día después de los
períodos de sesiones. En la Cámara, una mayoría "personalista" utilizó
las sesiones para endiosar a su líder y denostar a unos opositores que
pagaron con la misma moneda. Se aprobaron pocas leyes y hubo en cambio
muchos decretos. Pequeñeces, sin duda, en un hombre que en el fondo
era profundamente republicano.
En ese tiempo emergía con fuerza una corriente ideológica y cultural
que cuestionó radicalmente la República y la Constitución toda. El "Estado liberal" (una denominación algo abusiva) fue descalificado en
nombre de concepciones del individuo, la sociedad y el Estado que
abrevaban en el catolicismo integrista, o simplemente en el fascismo.
Los individuos se concebían inmersos en sus comunidades; la sociedad
era una comunidad organizada por el Estado. Este era dirigido por un
líder que recibía, íntegra, la soberanía delegada por el pueblo. Otra
concepción, en suma, diferente de la republicana. Una tradición en la
que la ley no era ni el principio ordenador común ni el fruto de la
discusión razonada de los representantes del pueblo, sino la expresión
directa y variable de la voluntad del pueblo, delegada en el líder.
Es fácil reconocer en el peronismo esta tradición, originada en el
nacionalismo católico y en el fascismo. Para su puesta en práctica no
fue necesario reformar el núcleo dogmático de la Constitución, como
reclamaban los antiliberales, sino simplemente ajustar la
interpretación de las normas. Violar la ley no significa
necesariamente hacerla desaparecer, sino adaptarla a las decisiones
del Ejecutivo. El Congreso no dejó de existir, pero los representantes
peronistas se limitaron a clausurar el debate y aprobar por
aclamación. El Preámbulo de la Constitución siguió vigente, pero la
unidad de doctrina, la "doctrina nacional", fue incluida en otros
textos normativos.
Desde entonces y hasta 1983 las instituciones republicanas no se
recuperaron. Las dictaduras militares, además de ignorarlas,
trabajaron por la "unidad de discurso". Los breves regímenes
constitucionales -con la excepción del de Illia, un oasis en el
desierto- le dieron poca relevancia al Congreso (aún con cómodas
mayorías) y prefirieron negociar con los factores de poder reales: las
Fuerzas Armadas, los sindicatos, los empresarios, la Iglesia. Aquellos
con los que en 1973 Perón intentó, algo ingenuamente, reconstruir su
Comunidad Organizada.
El año 1983 fue una fecha crucial, pues el gobierno triunfante se
propuso armonizar la democracia y la república. No fue una "recuperación", sino la fundación de un orden hasta entonces no
conocido, fundado en el doble principio de la soberanía popular y la
soberanía de la ley. En la práctica hubo transgresiones, pero me
parecen menores en comparación con el enorme esfuerzo pedagógico
realizado por el gobierno electo -a menudo en contra de sus intereses
políticos inmediatos- para consolidar esos principios.
Duró poco. Quizá porque tales convicciones no arraigaban en la cultura
política argentina, trabajada por seis décadas de catolicismo,
nacionalismo y populismo. ¿Habría bastado una pedagogía presidencial
más sostenida para modificarla? No llegamos a saberlo, porque la
crisis económica sumergió a la política en un marasmo. Sobre todo,
porque las salidas de la crisis consistieron en dotar a los gobiernos
con recursos extraordinarios, cuyo ejercicio -más allá de su eficacia
eventual- corroía necesariamente la institucionalidad republicana.
Desde entonces, como escribió Hugo Quiroga, vivimos en "emergencia
permanente". El Congreso viene delegando voluntariamente gran parte de
sus atribuciones en el Poder Ejecutivo. Las que no delega, éste se las
toma, sin que nadie le reclame. Quizá la supervivencia de la comunidad
requirió y requiere semejante delegación. O no. Pero desde 1989 todas
las políticas de emergencia, de sentidos e intenciones diferentes, han
tenido un punto en común: desarmar un Estado cada vez más maltrecho,
destruir sus órganos de control e información y corroer sus normas,
siempre modificables en razón de la emergencia. Así se esfuma el
Estado -pieza central en un régimen republicano- y sólo quedan los
gobiernos, que desde 1989 han sido peronistas.
Son gobiernos elegidos democráticamente, pero con escasas intenciones
republicanas. Aquel peronismo que pareció cambiar en 1983 va
recuperando, a pasos agigantados, su impronta inicial
antirrepublicana. Las prácticas están hoy a la vista. En cuanto al
discurso, es hoy común que sus defensores reiteren el viejo tópico que
contrapone la democracia real con la formal; que los gobernantes
critiquen a quienes, al reclamar por las normas, "ponen palos en la
rueda"; que interpreten una mayoría electoral como una delegación total del poder en el jefe. En esa recuperación, no es extraño que un
académico ilustrado, consciente del sentido de lo que dice, afirme que
las normas han sido hechas para ser violadas.
Es posible que el gobierno peronista actual, o el de los años 90,
hayan sido exitosos. Hay opiniones. Pero, sin duda, ninguno de los dos
ha sido republicano. Tuvieron y tienen escasa preocupación por las
instituciones o por la soberanía de la ley. Hace poco, Benedicto XVI,
ante el Parlamento alemán, parafraseó una frase de San Agustín que
viene al caso: "Quita el derecho y, entonces, ¿qué distingue al Estado
de una gran banda de bandidos?" Deberíamos tratar de no llegar a ese
extremo.
Luis Alberto Romero es integrante del CLUB POLITICO ARGENTINO, del que
participa como socio el Dr. GUILLERMO YANCO.
© La Nacion.
Jueves 29 de diciembre de 2011 | Publicado en edición impresa
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